En las sociedades modernas, la conectividad a Internet es una herramienta imprescindible para la soberanía popular.
Un Estado moderno como el que impulsa el Justicialismo no puede de
manera alguna soslayar este hecho.
Como el agua potable y los servicios eléctricos en los '50, la conexión a internet ha de ser también un Servicio Público. La Comunicación, incluso los supera, al ser una necesidad humana, que también ha de entenderse como un Derecho. Un medio de comunicación masivo y horizontal ha de ser comprendido como un fuerte integrador comunitario y un multiplicador de la voluntad política del Pueblo. En consecuencia, una política de conectividad sabiamente formulada y ejecutada, tenderá de manera poderosa a la Justicia Social y a la multiplicidad de voces.
En vista de ello, el Gobierno Argentino presentó el proyecto de ley de Argentina Digital, que reemplazaría a la Lay de Telecomunicaciones vigente desde 1972. La misma declara servicio escencial y estratégico el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones de todo tipo.
El anuncio fue realizado por el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, secundado por los ministros de Economía Axel Kicillof y de Infraestructura, Julio de Vido.
El eje central del proyecto se encuentra en declarar la neutralidad de la red a fines de beneficiar al usuario. Se busca optimizar la utilización de la infraestructura de
telecomunicaciones, generando una arquitectura abierta de las redes. De esta manera, se propicia la competencia entre los prestadores en
igualdad de condiciones, y una mejor calidad del servicio a un precio
razonable para todos los
servicios.
Además, el proyecto prevee obligar a los licenciatarios de servicios de Tecnología de la Comunicación a interconectar sus redes, estableciendo una velocidad de transmisión mínima obligatoria para garantizar un acceso de calidad equitativo y regulado para todo el territorio nacional.
Axel Kicillof, ministro de Economía, advirtió que con esta iniciativa "estamos garantizando el derecho humano a las comunicaciones, resaltando el rol del Estado como planificador, y distinguiendo entre mercados de generación de contenidos y el transporte de los mismos".
Muchos de los proveedores de servicio de internet, en manos de la oligarquía, preveían velocidades diferenciales para ciudades y pueblos del interior a fin de no invertir en tecnologías más avanzadas, como el tendido de fibra óptica. En tal caso el estado obligará a los proveedores a crear un fondo del Servicio Universal para conectar las regiones en las que las empresas no inviertan.
Se platea que los servicios de Telefonía móvil y fija, Internet y televisión ahora llegarán a los hogares a través de un solo acceso, permitiendo a cada usuario elegir el servicio y/o la empresa más conveniente a sus necesidades, utilizando la misma red. En este caso, todas las empresas podrán utilizar la infraestructura de red para brindar sus servicios con una tarifa de alquiler fijada por el Estado Nacional, favoreciendo la actividad de cooperativas y PyMES.
En el aspecto telefónico y en concordancia con otras naciones, se eliminará el concepto de comunicaciones de larga distancia, pretendiendo que el país tenga un costo único de acceso de interconexión telefónica. Se pretende una múltiple elección a precio más razonable. Se desmonopoliza la red de fibra óptica.
Como el agua potable y los servicios eléctricos en los '50, la conexión a internet ha de ser también un Servicio Público. La Comunicación, incluso los supera, al ser una necesidad humana, que también ha de entenderse como un Derecho. Un medio de comunicación masivo y horizontal ha de ser comprendido como un fuerte integrador comunitario y un multiplicador de la voluntad política del Pueblo. En consecuencia, una política de conectividad sabiamente formulada y ejecutada, tenderá de manera poderosa a la Justicia Social y a la multiplicidad de voces.
En vista de ello, el Gobierno Argentino presentó el proyecto de ley de Argentina Digital, que reemplazaría a la Lay de Telecomunicaciones vigente desde 1972. La misma declara servicio escencial y estratégico el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones de todo tipo.
El anuncio fue realizado por el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, secundado por los ministros de Economía Axel Kicillof y de Infraestructura, Julio de Vido.
Además, el proyecto prevee obligar a los licenciatarios de servicios de Tecnología de la Comunicación a interconectar sus redes, estableciendo una velocidad de transmisión mínima obligatoria para garantizar un acceso de calidad equitativo y regulado para todo el territorio nacional.
Axel Kicillof, ministro de Economía, advirtió que con esta iniciativa "estamos garantizando el derecho humano a las comunicaciones, resaltando el rol del Estado como planificador, y distinguiendo entre mercados de generación de contenidos y el transporte de los mismos".
Muchos de los proveedores de servicio de internet, en manos de la oligarquía, preveían velocidades diferenciales para ciudades y pueblos del interior a fin de no invertir en tecnologías más avanzadas, como el tendido de fibra óptica. En tal caso el estado obligará a los proveedores a crear un fondo del Servicio Universal para conectar las regiones en las que las empresas no inviertan.
Se platea que los servicios de Telefonía móvil y fija, Internet y televisión ahora llegarán a los hogares a través de un solo acceso, permitiendo a cada usuario elegir el servicio y/o la empresa más conveniente a sus necesidades, utilizando la misma red. En este caso, todas las empresas podrán utilizar la infraestructura de red para brindar sus servicios con una tarifa de alquiler fijada por el Estado Nacional, favoreciendo la actividad de cooperativas y PyMES.
En el aspecto telefónico y en concordancia con otras naciones, se eliminará el concepto de comunicaciones de larga distancia, pretendiendo que el país tenga un costo único de acceso de interconexión telefónica. Se pretende una múltiple elección a precio más razonable. Se desmonopoliza la red de fibra óptica.
